“Impide que mi familia, mi padre, mis hermanos, sean camaroneros, nos limita. Nos dice en uno de los artículos que como persona natural yo puedo tener sólo 50 hectáreas de camaronera, correcto, no hay problema, pero me impide que mi hermano sea camaronero”, comentó.El decreto de la “mancha verde”, como lo ha calificado el gremio, impide toda relación comercial en caso de que se excedan las 50 hectáreas para personas naturales o 250 para empresas.

El exceso será revertido al Estado sin compensación alguna.Con ello, se estarían rompiendo las pequeñas agrupaciones que dan pie a la producción camaronera, indicó César Monge, presidente de la Cámara de Acuacultura. “Aquí hay alguien de mala fe que quiere destruir este sector (…). Esto es inhumano, esto viola los derechos constitucionales, aquí se establecen sanciones que ni siquiera están establecidas en la Ley”, sostuvo.

Explicó que se prevé la incautación no sólo en zonas camaroneras que excedan el territorio establecido, sino también en tierras altas o de propiedad privada; en las áreas revertidas y concesionadas a comunidades del sector no tendrán que devolver lo invertido, con lo cual se ocasionaría un perjuicio de grandes proporciones.“No es dable que con un decreto se interfiera en la propiedad privada.

El Gobierno siempre lo ha proclamado y ha dicho que hay respeto a la propiedad privada, ahora con estas leyes estamos controlados en nuestra propiedad privada.

Es por eso que el sector se siente lesionado y como decía somos productores pequeños y medianos, el productor pequeño sobrevive porque es el guardián, el vocero y es el que trabaja con su familia”, añadió Segundo Calderón, otro de los agremiados.

El gremio solicita al presidente Rafael Correa, mantener un diálogo con el sector para sensibilizar las reformas, tomado en cuenta que la actividad camaronera genera 23 mil empleos directos y 76 mil indirectos.